Una colección para todos

Desafíos éticos y políticos en las colecciones estatales

Autor: José Ortiz · Follow // Tiempo de lectura 9 min 

No es difícil imaginar lo complejo que debe ser mantener al día una colección estatal con un presupuesto escuálido, grandes limitaciones administrativas y un sistema que muchas veces prioriza la burocracia por encima del criterio curatorial. Sin embargo, precisamente en ese contexto adverso, resulta fundamental preguntarse cuál debería ser la estrategia para lograr que las colecciones públicas sigan siendo un verdadero reflejo, diverso y representativo, de la actividad artística del país.

No importa cuál sea el enfoque o el interés: este siempre termina siendo un tema polémico. La gran mayoría de artistas se sienten lo suficientemente seguros del trabajo que producen como para pensar que alguna de sus obras debería ser adquirida por un museo. Y no les falta razón. Incluso grandes nombres del arte nacional han pasado desapercibidos para los curadores estatales, encontrándose hoy pobremente representados en los acervos públicos, cuando no completamente ausentes.

Jiménez Deredia, Evolución, Centro Nacional de Convenciones

Partamos del hecho de que el objetivo fundamental de los museos no es solamente exhibir, sino también adquirir, proteger, preservar y difundir las expresiones artísticas de una población. Y es a partir de este hecho que surge la primera gran limitante: no se trata solo de comprar obras, sino de garantizar que estas puedan ser adecuadamente preservadas, estudiadas, mostradas y puestas al servicio de la ciudadanía, tal y como lo planteó la UNESCO desde el año 2015: dándole un papel primordial a la promoción y preservación de la diversidad cultural y natural, la promoción del diálogo y la cohesión social y la promoción de los derechos humanos.

La adquisición de una obra lleva implícito el compromiso de cuidarla, lo que implica recursos económicos y técnicos, además de una visión institucional clara. Recibir o comprar obras a las que no se les puede ofrecer las condiciones mínimas de preservación es una forma irresponsable de gestión que, a la larga, lleva al deterioro y pérdida de piezas valiosas tanto desde el punto de vista económico como artístico.

Cuando hablamos de adquisición, en realidad estamos hablando de las distintas formas en las que una obra de arte puede ingresar a una colección pública: compra, donación, herencia o incluso como ocurre en países como México, como parte del pago de impuestos por parte de los artistas. Pero sin importar el mecanismo, cada ingreso compromete al museo no solo en términos económicos, sino también éticos, administrativos y estratégicos. Por eso es indispensable que cada adquisición se realice bajo criterios claros, públicos y ampliamente debatidos, que permitan construir una colección coherente, significativa y alineada con los objetivos institucionales. 

Uno de los primeros pasos, por tanto, es esclarecer cuál es el objetivo del museo en cuestión. ¿Qué narrativas quiere construir? ¿Qué discursos quiere visibilizar? ¿A qué públicos se dirige? Si estas preguntas no se abordan con seriedad, es muy fácil que la colección termine convirtiéndose en un conjunto desarticulado de objetos acumulados sin dirección. Como plantea Juan Carlos Flores, un museo público “idealmente debería ser un espacio abierto a las nuevas ideas, una plataforma donde distintas voces sean escuchadas, no solo las oficiales o académicas, un lugar de discusión donde se cambien paradigmas revisando el pasado”. Sin embargo, lograr eso es especialmente difícil en países donde ha prevalecido una noción de “cultura oficial” que ha tendido a privilegiar ciertas expresiones, artistas o estéticas bajo criterios ideológicos poco transparentes.

Cristina Fournier, Orquídea, acuarela, adquirida por la Colección del Instituto Nacional de Seguros en el 2020

Cada museo estatal tiene condiciones particulares que determinan su capacidad de adquisición de obra. Por ejemplo, los Museos del Banco Central son administrados por una Fundación, sin embargo, el presupuesto es asignado directamente por el Banco Central. En el caso del Museo de Arte Costarricense la situación ha variado de acuerdo con cada administración. Algunas veces se asigna presupuesto para la adquisición de obra y en otras el mismo es muy limitado. Debido a esto, la mayoría de las adquisiciones en los últimos años han sido por donación, lo cual es muy llamativo, ya que el hecho de aceptar una donación también tiene implicaciones,  no solamente desde el punto de vista de la validación que consigue el artista sino también desde el punto de vista ético e incluso político, y sería necesario establecer si la rigurosidad que se aplica para la compra de obra aplica también para las que ingresan como donaciones. Desde hace pocos meses se dieron a conocer los lineamientos para el ingreso de obras por donación al Museo de Arte Costarricense. Se trata de un esfuerzo por poner orden en el proceso, volverlo más trasparente e incorporar los principios éticos dictados por el Código de Deontología del ICOM (Consejo Internacional de Museos).

Para Hugo Pineda Villegas, gestor cultural y museógrafo, es importante fortalecer la función fiscalizadora del Museo de Arte Costarricense, ya que le corresponde a esta institución ejercer la función rectora en materia de artes plásticas en el país y a través de los curadores oficiales velar porque el arte que se adquiere en todas las instituciones estatales vaya de acuerdo a los objetivos y metas establecidas por el propio museo. A pesar de lo anterior, en ocasiones el criterio de los diferentes curadores es muy heterogéneo y resulta difícil definir cuáles son las pautas que se están siguiendo.

Aquí es importante destacar que el Artículo 1 de la Ley No. 5176 del 20 de febrero de 1973 faculta al Gobierno, a las instituciones autónomas, semiautónomas y a las municipalidades para que, de acuerdo con sus posibilidades económicas y bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad, consignen partidas en sus presupuestos anuales de inversiones con el fin de promover la literatura, las artes nacionales, los monumentos nacionales, adquirir piezas arqueológicas y obras de arte de autores nacionales. Además, en las construcciones estatales que sobrepasan los 10 millones de colones se debe asignar un porcentaje para la adquisición de obras de artistas costarricenses. Todo lo anterior, al tratarse de fondos públicos está sujeto a la rectoría del Museo de Arte Costarricense.

Enrique Echandi, Retrato de Flora y Guido Echandi Kisch, 1899, donada por la Familia Balma Carranza al Museo de Arte Costarricense en el 2018

Ante este panorama en el que para algunas instituciones resulta muy complejo comprar obras resulta fundamental tener claro cuáles deberían ser los parámetros para invertir eficientemente los recursos disponibles.

Existen criterios internacionales que han orientado la adquisición de obras en museos de otras latitudes. Se habla, por ejemplo, de la relevancia de la obra, su estado de conservación, su utilidad para los fines museales (exhibición, educación, investigación), y el cumplimiento de principios éticos y de transparencia. La relevancia, en este caso, no es un concepto absoluto, sino relacional: una obra es relevante en la medida en que dialoga con los objetivos del museo, representa una etapa significativa en el desarrollo artístico del país o aporta a la comprensión de un fenómeno cultural particular.

Desde el punto de vista ético, cada adquisición debería ir acompañada de un proceso de evaluación transparente y fundamentado, llevado a cabo por profesionales con formación y experiencia acreditada. Las decisiones deben estar documentadas, los criterios claramente establecidos, y los motivos para la aceptación o el rechazo de obras deben poder ser revisados, discutidos y comprendidos tanto dentro como fuera de la institución.

Aquí entra una dimensión fundamental: ¿Podrían establecerse mecanismos para que la ciudadanía participe en la elección de las obras que integran las colecciones públicas? Aunque a primera vista resulte algo poco funcional, es importante recordar que la transparencia no es solo un principio técnico, también es político. Involucrar a comunidades, agentes culturales, colectivos y artistas en los procesos de selección podría contribuir a reducir sesgos, ampliar la representatividad y garantizar que las colecciones respondan a una pluralidad de visiones. Es necesario preguntarse: ¿dónde están las voces afrodescendientes, los artistas indígenas, las creadoras trans, los artistas rurales, el arte popular, el arte urbano? No se trata únicamente de incluirlos como tema o contenido, sino de que formen parte activa de los procesos, tanto como protagonistas como en calidad de interlocutores críticos. Creo que no es un aspecto banal, el hecho de que en busca de la representatividad sean los curadores de los museos los que determinen, por ejemplo, cuál obra de arte indígena es relevante, sin tomar en cuenta el criterio de los mismo grupos indígenas.  Los mismo podría decirse con el arte trans o el arte urbano. Para Alina González, artista e historiadora del arte el problema es que se valora el arte trans desde una perspectiva tradicional, sin tomar en cuenta lo que es importante para esa comunidad, ejerciendo un poder que al final de cuentas limita el discurso de esos colectivos.

Alberto Murillo, Viaje infinito, 2014, recibida como donación en el 2019 para el Museo de Arte Costarricense

En un país donde la cultura todavía lucha por ocupar un lugar central en la agenda pública, las colecciones estatales tienen una oportunidad histórica: convertirse en espacios vivos, inclusivos y dinámicos, donde la memoria y el presente dialoguen sin jerarquías impuestas. Para que esto ocurra, no basta con un aumento en los recursos: se necesita voluntad política, visión curatorial, formación técnica y una apertura real hacia lo que el arte significa hoy, en toda su complejidad y diversidad.

La tarea es, sin duda, titánica. Pero es también una oportunidad para redefinir el papel de las instituciones culturales en la construcción de una ciudadanía crítica, sensible y participativa. Las colecciones públicas, bien gestionadas, pueden ser una herramienta poderosa para el encuentro, la reflexión y la transformación social.